El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció que ha pedido al fiscal de lavado de activos, Rafael Vela, determinar si el Ministerio Público debe iniciar investigación a los responsables en el caso de los cobros irregulares a los alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Sin embargo, la noticia no sería bien recibida, pues algunos estudiantes consideraron un aprovechamiento del titular de la Fiscalía. "Pensamos que el señor Chávarry se está aprovechando de una coyuntura. Sabemos como han sido los últimos meses para el señor Chávarry en la política nacional y creemos que es un poco aprovechado de su parte sumarse a nuestra lucha", expresaron.
En tanto, para el abogado Mario Amoretti, no se trataría de un caso de lavado de activos, sino que podría ser uno de usura y que no se debería criminalizar.
La situación, que fue reconocida por Marcial Rubio y que acabaría con su renuncia al rectorado junto a gran parte de su equipo, inició en octubre, cuando un grupo de estudiantes denunció a la universidad ante Indecopi por los cobros indebidos en las moras de pago de pensiones.
La respuesta favorable del organismo desencadenó una ola de protestas en la casa de estudios. El rector Rubio renunció tres meses después junto a gran parte de su equipo. La PUCP se comprometió a devolver los cobros, que superan los 30 millones de soles.
A fines de noviembre, los alumnos habían recibido correos donde la universidad comunicaba la devolución del dinero a dentro del periodo de los dos dos últimos años, incluyendo intereses. Sin embargo, los estudiantes protestaron señalando que el cobro se dio desde muchos años antes.
Ellos exigieron una devolución íntegra, además de las disculpas del rectorado. El 4 de diciembre, finalmente la PUCP acordó la devolución, comprometiéndose a pagar los montos desde el 29 de noviembre 2012, fecha de vigencia de la Ley de la Protección a la Economía Familiar 29947.
