Como parte de las investigaciones que involucran a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, tras la autorización del Poder Judicial, ayer se allanó el estudio de abogados “Oré Guardia”, ubicado en San Isidro, sede hasta la que llegó el fiscal José Domingo Pérez para la diligencia. Esta medida también fue duramente cuestionada por los Padres de la Patria.
Luis Galarreta indicó que se estaría rompiendo “el estado de derecho, el debido proceso y el derecho a la defensa”. Mulder, en esa misma línea, indicó que esto jugaría “en contra del Gobierno y la imagen del Perú”.
Incluso desde el mismo oficialismo la vicepresidenta Mercedes Aráoz pidió a las autoridades que administran justicia tener sumo cuidado con este tipo de medidas. Por otro lado, el congresista Victor Andrés García Belaúnde de Acción Popular, respaldó las indagaciones en todas las entidades.
El estudio de abogados Oré Guardia se pronunció a través de un comunicado donde se detalla que la medida “resulta desproporcionada e inconstitucional”, pues vulneraría de manera palmaria “el derecho al secreto profesional”. Sin embargo, también se indica que se dio las facilidades al Ministerio Público para el ingreso y revisión de todas las instalaciones y acceso a la documentación contable. Así también, afirman que no ejercen la defensa de Keiko Fujimori desde diciembre del año pasado y que no es práctica del estudio inducir a los testigos para que declaren falsamente.
Mientras, la Junta Nacional de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, rechazó la disposición expedida por el juez Carhuancho que ordenó este allanamiento y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para que defienda el cumplimiento de los derechos constitucionales.
