Hay más de 20 mil casos de personas registradas como desaparecidas durante 1980 y 2000, época del terrorismo, y de los cuales aún no se sabe con certeza qué pasó; esta situación acarrea una serie de problemas para los deudos quienes no pueden continuar su vida con normalidad.
De las 20 mil 511 personas que se encuentran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro, solo se habían exhumado, hasta 2017, 3 mil 623 restos y, de ellos, según cifras del Ministerio de Justicia, se restituyeron 1199. Lo que nos deja 19 mil 312 personas de las que no se tiene certeza de su muerte.
Esta problemática deja a los desaparecidos en un limbo legal en el que, ante las autoridades no están muertos, solo ausentes, sin embargo, esta “ausencia” no se puede certificar y por lo tanto, surgen otras trabas legales. Miles de familias, por ejemplo, no puede esclarecer temas hereditarios, deudas financieras, segundas nupcias, reconocimiento de hijos, y demás.
Cuando las familias piden una partida de defunción, el Minjus y el Ministerio Público deben colaborar en los procesos de investigación, exhumación e identificación de restos, pero estos procesos son largos y tediosos.
En relación a ello, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) busca crear una ley que certifique las desapariciones durante el periodo de violencia y que ese documento sirva también para que el Reniec inscriba una presunta muerte.
